6/04/2012
La atención médica a indocumentados en España corre peligro por los recortes en el sector.
Fátima tuvo cáncer de mama durante su embarazo. Le extirparon el pecho y posteriormente recibió tratamiento de quimioterapia. Aún tiene que ir cada tres meses al médico para pasar controles, análisis, pruebas de escáner... Hasta el momento, la sanidad pública española le cubría todos los gastos. Pero no sabe qué pasará tras los recortes en ese sector.
Fátima (nombre ficticio), de 43 años, está en situación administrativa irregular, tiene caducado el permiso de residencia y no puede trabajar. "Si no tienes tarjeta sanitaria, la muerte es mejor", declara angustiada a BBC Mundo. principios de mayo caducó el visado de su marido y pasaron entonces a formar parte de los más de 150.000 inmigrantes indocumentados que se calcula que hay
en España y que quedarán desatendidos cuando empiece a aplicarse el decreto por el que el Ministerio de Sanidad restringe la atención médica a los inmigrantes indocumentados.
Según el decreto, sólo podrán acceder al hospital por urgencias, por cuestiones de maternidad o a los menores 18 años.
"Es difícil calcular cuántos están en estado muy grave, pero no es un porcentaje muy alto; los inmigrantes vienen normalmente muy sanos y según un informe del Observatorio Europeo con testimonios de inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de los encuestados citó razones de salud como motivo para emigrar", explica a BBC Mundo el presidente de la asociación Médicos del Mundo, Álvaro González.
No obstante, para los que sí lo están, la crisis económica en España les podría suponer una cuestión de vida o muerte.
"El fallecimiento es una causa segura para aquellas personas que están amenazadas por enfermedades graves. En el caso de los enfermos del virus del VIH, el abandono de la medicación antiretroviral supone un empeoramiento definitivo", explica David Dalmau, vicepresidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA Aseisida y médico especialista en VIH.
"No tratarles supone además un importante riesgo para la salud pública del país", añade Dalmau. De igual manera, no atender a alguien con tuberculosis o cualquier otro virus o infección puede causar una situación nefasta para la población.
"Medidas improvisadas"
Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que el sistema público registra un déficit de 16.000 millones de euros y que no se puede mantener como hasta el momento.
"Pero este real decreto se ha escrito de forma absolutamente improvisada. No va acompañado ni de un informe económico por el que se pueda ni ver el ahorro de las medidas", informa González, que denuncia que en el texto no haya tantas medidas que limiten el turismo sanitario de los europeos que vienen a curarse a España.
"Además, este decreto va en contra de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y de varios estatutos de autonomías; es un riesgo para la salud pública, y no es eficiente económicamente. Defendemos que hay estudios de primer nivel que indican que la atención por urgencias requiere de más hospitalización y más retraso del diagnóstico", añade.
Los sindicatos ya comenzado con las movilizaciones en contra de los recortes en sanidad, y las asociaciones de inmigrantes, de médicos y de abogados se han unido para protestar contra esta medida e incluso estudiar su inconstitucionalidad.
"El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas está recogiendo un informe en la sombra de las ONG que están indagando los aspectos inviables del decreto", explica González.
Ante esta presión, la ministra de Sanidad, Ana Mato, declaró a la Radio Nacional de España: "Ninguna persona va a quedar desatendida, todos tienen derecho a asistencia sanitaria básica", aunque matizó que la tarjeta sanitaria es la que va a diferenciar a las personas que viven en España y cotizan.
Y añadió: "No vamos a dejar a ninguna persona con cáncer o VIH sin tratamiento. Se llegará a un acuerdo con las autonomías y las ONG que trabajan con estas personas para asegurarnos de que reciben su medicación", declaró.
"Es pura improvisación. Médicos del Mundo defiende que sea el Estado quien asegure el acceso a la sanidad a toda la población, no utilice a las ONGs de mediadores", explica González.
Incertidumbre
Fátima tuvo definitivamente a su segundo hijo con un parto provocado a causa del cáncer. Pero su situación y la crisis económica hace que ni ella ni su marido encuentren empleo. No obstante, él asegura que ha cotizado durante seis años. Y ahora no podrá disfrutar de esos impuestos que en su momento pagó al Estado. "No sabemos qué vamos a hacer. Y a mí me supone un esfuerzo incluso levantarme. Si no tienes salud, no tienes nada", declara Fátima.
"La sensación de angustia que vive el colectivo es enorme. Se les está arrinconando. Con estos cambios, en los próximos años se van a dar 50.000 personas más que se van a quedar sin trabajo y a continuación sin permiso de residencia ni tarjeta sanitaria", declara Rossend Fernández, gerente de la asociación Salud y Familia.
En algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, ya se ha dado la orden de dejar de expedir la tarjeta sanitaria simplemente con el padrón, como se hacía hasta el momento. Ahora se requiere la residencia legal del demandante.
No obstante, según se lee en el real decreto: "Las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tuvieran acceso a la asistencia sanitaria en España, podrán seguir accediendo a la misma hasta el día 31 de agosto de 2012 (...)".
La sensación de angustia que vive el colectivo es enorme. Se les está arrinconando. Con estos cambios, en los próximos años se van a dar 50.000 personas más que se van a quedar sin trabajo y a continuación sin permiso de residencia ni tarjeta sanitaria"
Fuente: http://www.bbc.co.uk
